Chile: crónica de una derrota anunciada

de Marco Consolo –

Los resultados de las elecciones del 7 de mayo, que definieron los 51 miembros del Consejo Constitucional (25 mujeres, 25 hombres más un representante de los pueblos originarios), para avanzar en un nuevo proceso constituyente, confirmaron los pronósticos: con una alta participación, cercana al 85%, la derecha obtuvo la mayoría de los votos y de los consejeros. En concreto, aunque disminuyó ligeramente su apoyo, la  extrema derecha del Partido Republicano, tiene la llave del proceso constituyente con sus 23 representantes y el poder de veto. El resultado abre un nuevo escenario político aún muy incierto, en una transición post-dictadura que parece no tener fin.

Pero vayamos por orden.

Los resultados fueron el segundo balde de agua fría para quienes habían apostado por un cambio constitucional real, y al mismo tiempo, un voto de castigo al gobierno Boric. Una derrota que se suma a la del referéndum del 4 de septiembre del 2022, cuando un seco 62% rechazó la propuesta de nuevo texto de la Carta Magna, elaborado por  una “Convención Constitucional” para sustituir la Constitución de la dictadura cívico-militar de Pinochet.

La derecha se apropió de ese 62%, como si fuera un aval a sus propias acciones, cuando en realidad hubo múltiples razones. Es indiscutible que hubo un importante voto de derecha, pero junto al mismo se ha manifestado un rechazo anti-elitista de sectores  de la juventud y una sanción a la actuación del gobierno.

Pocos días después de ese resultado, con una fuerte presión de la derecha, los partidos presentes en el parlamento llegaron a un acuerdo para redactar un nuevo texto, a cargo de un restringido “Consejo Constitucional”. Un acuerdo espurio, que anuló la voluntad de casi el 80% de la población que, en 2021, había votado a favor de un texto que fuera redactado por una “Convención Constitucional” y no por el Parlamento actual, “guardián” del proceso de redacción de este último proceso constituyente.

Los números

Los resultados nos dan un “Consejo Constitucional” con una aplastante mayoría de las derechas, en sintonía con la tendencia evidenciada por el resultado anterior, debido también a una ley electoral fuertemente mayoritaria y desigual.

En esta ocasión, las derechas se presentaron divididas en tres listas: la más extrema y pinochetista del Partido Republicano; la “tradicional” en la coalición “Chile Seguro” (Unión Demócrata Independiente, Renovación Nacional y Evópoli); y la “neo-populista” del “Partido de la Gente”. El Partido Republicano tuvo el mejor resultado (casi el 36% de los votantes y 23 elegidos), en detrimento de la derecha “tradicional” (21% y 11 elegidos), mientras que la última no superó el umbral, a pesar del 5,48% (537.000 votos).  El resultado del Partido Republicano fue una sorpresa para la misma derecha tradicional, fuertemente reducida, que pierde su hegemonía en favor de una ala extrema, paradójicamente legitimada a través del voto, y que ahora tiene en su mano la llave para redactar la nueva Carta Magna.

A la izquierda, en la lista de coalición de las fuerzas de gobierno “Unidad por Chile“, estaban el Partido Comunista, el Frente Amplio, el Partido Socialista (desvinculado del resto de la centroizquierda de la ex “Concertación” que se oponía a una lista única), la Federación Regionalista Verde Social y el pequeño Partido Liberal. La lista se quedò con el 28,59% y 16 elegidos, menos de los 2/5 necesarios para el poder de veto en la convención. Destaca la buena actuación del Partido Comunista, con el 8,08 de los votos, el mejor resultado de toda la coalición que confirma su arraigo y su presencia territorial nacional.

En el centro, en una lista separada (Todo por Chile), estaban algunos partidos de la antigua “Concertación” (Democracia Cristiana, Partido por la Democracia, Partido Radical) que gobernaron el país en el período post-dictadura, con pocas interrupciones. A pesar de su 8,95 % (877.000 votos), debido a la ley electoral esta coalición no superó el umbral y no eligió a ningún concejal. La suma de ésta y la lista de izquierda les da alrededor del 38% de los votos, un porcentaje aún ampliamente insuficiente para vencer a la derecha, incluso en el caso de una (fallida) lista única.

Voto nulo y voto en blanco

Un debate aparte merece el crecimiento récord del voto nulo (con casi un 17%) y del voto en blanco (4,56%), las cifras más altas desde la introducción del voto obligatorio. Como siempre, no se trata de un voto homogéneo. Pero sin duda expresa mayoritariamente un rechazo claro tanto del acuerdo espurio por el que se llegó a este voto, como de la esfera política e institucional, declinada en una transición enrevesada que parece no tener fin. Un rechazo expresado primero por la “revuelta social”, incluso bajo formas violentas, y después en las urnas: primero en el referéndum sobre el texto elaborado por la Convención Constitucional y después en las recientes elecciones. Un voto nulo que también acatò las indicaciones de algunos movimientos que habían llamado a anular el sufragio.

El Partido Republicano

La raíz del Partido Republicano está en su profunda conexión con los ideales fascistas del pinochetismo y con Jaime Guzmán, el principal ideólogo de la Constitución de la dictadura. No hay que olvidarlo, para entender a esta nueva-vieja derecha, hoy principal fuerza política del país.

Esta derecha es nueva porque rompe con los partidos tradicionales y se nutre de las formas y modalidades coléricas y llena de odio de las derechas radicales que crecen en el mundo. Copia su modus operandi con un uso agresivo de los algoritmos del Big Data y de las “redes sociales”, la difusión constante de fake news, el desprecio por el mundo académico, la ciencia y los medios de comunicación, junto a  acusaciones de fraude electoral cuando pierde.

Y al mismo tiempo es vieja, porque vuelve a proponer los principios del corporativismo fascista, y una improbable unión del oscurantismo cultural con el neoliberalismo económico de los Chicago Boys. Está empapada de una ideología que cree en un “Estado mínimo” en la esfera de la economía y por lo que se refiere a garantizar derechos y prestaciones sociales. Estàn en contra del aumento de los royalties para las multinacionales del cobre, a favor de mantener la privatización del agua, contra el salario mínimo, a favor de la sanidad privada, etc..

Y al mismo tiempo un “Estado máximo” cuando se trata de imponer modelos de vida, limitando las opciones y las libertades individuales. Aparte defender a capa y espada los violadores de los derechos humanos de la dictadura, el Partido Republicano votó en contra del acuerdo sobre las uniones civiles, cree que el Estado debe “promover la familia, formada por madre, padre e hijos”, se opone al matrimonio igualitario y al aborto.

Chile se confirma como el país de las paradojas. En pocos años, el país ha pasado de la revuelta antineoliberal a la hegemonía política y cultural de un partido de derecha que no duda en resucitar el pinochetismo que algunos, con demasiado optimismo, creían superado. La última paradoja en orden temporal, y quizá la más sonada, es que el partido más votado es el que no quiso cambiar ni una coma de la Constitución de Pinochet y mucho menos redactar una nueva. Al día de hoy, los republicanos son más un partido identitario que uno con vocación constitucional, un partido en contra del statu quo que critican mientras acumulan fuerza para conquistar el gobierno.

Algunas razones del voto

No existe una única explicación para fenómenos complejos y multifactoriales. Intento explicarme.

Chile ha vivido más de 30 años de una “democracia” limitada y bajo tutela, con el vaivén de una economía que ha reducido la pobreza, pero ciertamente no ha atacado a fondo la desigualdad, con promesas incumplidas de alcanzar el paraíso de la inclusión social hechas a las capas medias endeudadas y aspiracionales, con abusos empresariales descarados. Todos estos ingredientes convirtieron a las capas medias y parte de la clase subalterna en los protagonistas de la “revuelta social” a partir de octubre de 2019. En el “paraíso del consumo”, ha sido también una revuelta de los “consumidores endeudados” para asegurar su supervivencia diaria, la educación de sus hijos, la salud, para pagar sus pensiones….

Aquellos protagonistas de la revuelta social, que no encontraron respuestas en el sistema político, son parte de una nueva estructura socio-económica, muy alejada de la del siglo XX. La vieja clase obrera industrial está muy reducida, al igual que el propio empleo público ya que, gracias a la constitución pinochetista, en la cuna del neoliberalismo el Estado es subsidiario del mercado. En Chile sólo el 17% de los trabajadores están sindicalizados y el sector privado se caracteriza por salarios de hambre, altas tasas de inestabilidad y precariedad laboral. A esto se suma un individualismo exacerbado, la dura condición de las mujeres, las familias monoparentales, los profesionales de primera generación y una articulación muy distinta de la capa media tradicional. Ante este mapa fragmentado, la política es incapaz de entender y proponer, se muestra sorda y distante.

En un país con una brutal concentración mediática, sin ningún contrapeso real, fue decisivo el incesante bombardeo de los medios sobre la “delincuencia desatada”, en presencia de nuevos fenómenos delictivos más violentos y crueles y un récord de asesinatos en el norte de Chile. El discurso de campaña fue uno solo, simple, uniforme, repetido y efectivo: “mano dura contra la delincuencia”. Soplar en el fuego de la percepción de inseguridad se comprobó como factor clave en el resultado.

De más está decir que la artillería mediática sobre la “delincuencia rampante” siempre va de la mano de la “invasión de inmigrantes”. Chile ha sido durante mucho tiempo un país de emigración, y sólo en los últimos años está experimentando el fenómeno masivo de la inmigración, para el cual no está preparado en absoluto. La consecuencia es una grave crisis migratoria y una creciente y dramática “guerra entre pobres”.

La victoria del Partido Republicano, enemigo convencido del sistema democrático, se debe principalmente a que, al crear un clima de terror sobre la delincuencia y la inmigración, logró movilizar a los sectores más conservadores que se había mantenido alejada de las urnas (cuando el voto no era obligatorio) y de la participación política. Es doloroso comprobar que el vínculo con la dictadura, la violación de los derechos humanos y la corrupción sin fin de aquel período no han sido suficientes para frenar el consenso al fascismo.

El nuevo proceso constituyente (decidido tras el resultado del plebiscito del 4 de septiembre y encerrado en “palacio”) no sólo fue percibido por muchos como una limitación de la soberanía popular, sino que abrió precipitadamente un nuevo proceso cuando aún no se había asimilado la derrota del plebiscito, ni superado el fuerte reflujo social y político que produjo.

El voto nulo y en blanco es también un voto de escarmiento a la actuación del Gobierno hacia su base social. Las fuerzas políticas que lo integran abordan tímidamente el diálogo con los movimientos y la necesidad de construir fuerza social desde abajo. En lugar de transformar de verdad, el atajo parece ser aplicar de nuevo las viejas recetas tecnocráticas sin asumir el nuevo paisaje social. Existe una falta de conexión (sentimental y real) con la sociedad y el gobierno es percibido como “simple administrador” de las formas existentes y tradicionales de la política. Los jóvenes, sobre todo, sienten la incapacidad de renovar la política y de realizar el cambio profundo por el que se movilizaron y votaron.

En 2021, en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, tanto Gabriel Boric como José Antonio Kast (presidente del Partido Republicano, hijo de un nazi alemán y admirador de Pinochet) aparecieron como dos figuras ajenas a la política tradicional y con posiciones fuertemente críticas del “sistema”. Hoy, la imagen del Presidente Boric se ha convertido en la de un “administrador” sin mayoría parlamentaria. Por el contrario, Kast ha mantenido un perfil de rechazo “anti” que le ha dado sus frutos hasta ahora, incluso sin alianzas con el resto de las derechas.

El resultado tiene, pues, su lógica. En un contexto de crisis económica, post pandemia, donde la inflación es la más alta de los últimos 30 años y erosiona los salarios, mientras que el 70% del país está endeudado y lucha por llegar a fin de mes, la mayoría de la población estaba cansada del debate sobre la nueva Constitución, percibido como alejado de los problemas cotidianos. Y se ha votado mas en contra, que a favor de…

¿Y ahora?

La izquierda y el movimiento popular chileno han obtenido uno de los peores resultados de su historia política y, si no cambian de táctica y estrategia, están condenados a ser espectadores de las decisiones del Consejo Constitucional y a aceptar, además, una Constitución que en poco se diferenciaría de la dictatorial de 1980 y de su maquillage durante el gobierno de Ricardo Lagos.

La gran movilización y victoria del campo popular en Chile fue un gran logro inicial, a pesar del vacío organizativo de la revuelta y de la incapacidad de los movimientos fragmentados de unificar un bloque social mayoritario, más allá de las movilizaciones callejeras. Sin embargo,  el gobierno del Presidente Boric se encuentra hoy sin apoyo electoral, ni parlamentario. La revuelta social por sí sola, sin un proyecto de sociedad y de país capaz de ser mayoritario y sin la capacidad de crear nuevos líderes comprometidos con los cambios profundos, está destinada al fracaso.  Para ejercer la hegemonía, se necesita un proyecto social y político que articule una mayoría para avanzar en derechos y enfrentar al fascismo.

La agonía de los partidos políticos históricos (Democracia Cristiana, Partido Radical, Partido por la Democracia) es expresión del fin de un ciclo en la historia de la democracia chilena. Un ciclo caracterizado por la neo-modernidad del sistema político y la debilidad del sistema económico, con un enorme endeudamiento privado y un desarrollo frustrado.

Detrás del “péndulo electoral”, queda el voto destituyente y la capacidad de los “nuevos” y los “anti” para movilizarlo electoralmente. Esta capacidad no ha construído (por ahora) poder político, sino que se ha dedicado a atacarlo y fragmentarlo, debilitando la capacidad de gobernar y alimentando el descontento con la “anti-política”.

Guste o no, hoy el proceso constituyente está en manos del fascismo y la derecha tradicional y el nuevo texto deberá ser ratificado o no en diciembre. Es muy probable que Kast modere sus tonos, adopte actitudes de estadista y aspire a la presidencia en 2024, sabiendo que los derechos sociales no son ciertamente su prioridad, y que el mercado manda.

El futuro no se presenta halagüeño. La batalla está abierta contra los amos del poder económico que no quieren perder un milímetro de sus privilegios, contra el fascismo uniformado y contra los seguidores de Escrivá de Balaguer. Contra los que quieren negar derechos básicos a las mujeres, los que no quieren salarios mínimos dignos, los que son parte de los directorios de la salud privada (ISAPRES), de los fondos de pensiones privados (AFP) y del sistema educacional, negando recursos a la salud y a la educación pública.

Mientras el gobierno necesita recuperar la unidad interna y la capacidad de comunicaciòn, urge el diálogo con los movimientos y la base social que hasta ahora ha apoyado al gobierno, saliendo de la “zona de confort” y del círculo de los ya convencidos.

Hay que luchar en el terreno de las ideas, pero la izquierda tambalea y el gobierno ha optado por no chocar con la derecha, siendo aún prisionero de una agenda dictada por la oposición.

Hoy, las izquierdas y los movimientos políticos y sociales se cuestionan la posibilidad de componer una amplia alianza social y política, de clases y sectores fragmentados, para extender la democracia y bloquear el fascismo. En un proceso que exige, tanto del gobierno como de la calle, tanto de arriba como de abajo, mucha más audacia y creatividad de la que han tenido hasta ahora.