de Marco Consolo –
El pasado vuelve a golpear la puerta y la memoria se envuelve en el frío de este septiembre chileno.
Cincuenta años después de aquel fatídico 11 de septiembre de 1973, ríos de tinta se han vertido sobre el golpe fascista contra el Presidente constitucional, el socialista Salvador Allende, y el inicio de la dictadura cívil-militar con el títere Pinochet a la cabeza de la “Junta Militar”. Un golpe ejecutado por los militares, con la complicidad activa de la extrema derecha fascista y gran parte de la Democracia Cristiana. Como han demostrado ampliamente los documentos desclasificados de la CIA, junto a la oligarquía chilena, los instigadores fueron las empresas multinacionales (con las empresas estadounidenses ITT, Anaconda y Kennecot en primera fila) y el gobierno estadounidense del presidente Richard Nixon y su asesor de confianza Henry Kissinger, que temían la expansión del ejemplo chileno también a países como Italia.
Ese día, según las propias Fuerzas Armadas chilenas, sólo en el ataque al palacio presidencial de La Moneda se dispararon 57.000 balas para poner fin a la experiencia de construcción de un “socialismo con sabor a vino tinto y empanadas”, como lo llamó Allende, subrayando su singularidad histórica. Como sostenía el general Leigh, era necesario “erradicar el cáncer marxista” de la “via chilena al socialismo”. Gracias al golpe de Estado, que supuso su acta fundacional, Chile se convirtió en el laboratorio mundial para la aplicación de las políticas neoliberales de los Chicago boys y su mentor, Milton Friedman.
En las últimas semanas, tras años de silencio cómplice, han aparecido en las pantallas de televisión chilenas imágenes e historias desconocidas para la población sobre la larga noche que empezó en septiembre del 1973. Pero a pesar de los años transcurridos, de los innumerables testimonios directos, de algunas nuevas informaciones filtradas recientemente y de documentos adicionales desclasificados de los archivos estadounidenses, las viejas heridas están lejos de cicatrizar. Al contrario, medio siglo después, se han profundizado las diferencias en una sociedad altamente polarizada.
El fin del gobierno de la Unidad Popular, la muerte violenta del Presidente Allende, la trágica ruptura del proceso democrático y la instauración de una feroz dictadura siguen dividiendo a la sociedad. Una encuesta realizada el pasado mes de mayo mostraba que el 36% de los encuestados justificaba el golpe. Al mismo tiempo, más del 60% de los encuestados calificó a Pinochet de dictador y corrupto, en parte debido a la larga investigación judicial del “caso Riggs” que reveló que el patrimonio total de Pinochet ascendía a 21,3 millones de dólares, de los cuales 17,8 millones eran de origen ilícito y estaban acumulados en decenas de cuentas bancarias en el extranjero.
Sin embargo, nada de eso es suficiente para las derechas chilenas. Después de todo lo que ya sabemos sobre los horrores de la dictadura civil-militar, las derechas siguen imperturbables y cómplices, a pesar de algunos desacuerdos entre sus tres partidos (Renovaciòn Nacional, Uniòn Democratica Independiente, Partido Republicano). Dejando atrás las tímidas aperturas del pasado por parte de la derecha “moderada”, lo que prevalece hoy es el pinochetismo de la extrema derecha del joven Partido Republicano, que ha calado en los partidos de la derecha tradicional. En las últimas semanas, a pesar de los llamados del gobierno a condenar la intervención militar y las acciones criminales de la dictadura, estos sectores han justificado la ruptura institucional y reivindicado el legado infame del gobierno civil-militar. En casos muy esporádicos e individuales, a la vez que justifican el golpe, algunos se distancian de las violaciones a los derechos humanos cometidas en los 17 años transcurridos desde el golpe.
Con distintos matices, hoy las derechas oscilan entre el negacionismo total (todo es mentira), la justificación (había que detener de todos modos al gobierno marxista de Allende) y la corresponsabilidad que absuelve a todos (el caos y la ingobernabilidad provocados por Allende causaron la respuesta golpista; todos somos culpables de una u otra forma).
Un guión que se repite puntualmente, no sólo en Chile, sino en el resto del continente y más allá.
El poder armado
Incluso con respecto al Chile actual, al examinar el legado de la dictadura, siempre es útil comprender la diferencia entre llegar al gobierno, (obtener el poder político) y tener el poder real, aquello garantizado por los “poderes facticos”, en particular el financiero, el mediático, el judicial y el militar. En este sentido, el caso chileno es emblemático: Allende tenía el gobierno, pero no el poder.
En cuanto al poder militar, se fortaleció naturalmente durante los 17 años de dictadura. Hoy, más de treinta años después de su salida de escena como protagonista, el poder de las Fuerzas Armadas y de Carabineros permanece intacto, gozando de una autonomía, independencia y privilegios parcialmente “incomprensibles” para cualquiera que no venga de esas latitudes. El peso de las Fuerzas Armadas se ha mantenido sustancialmente intacto, aunque ligeramente reducido por reformas parciales de la “constitución” de la dictadura, en una interminable transición que comenzó en 1990, con un traspaso del que quien escribe fue testigo directo.
Hoy, los uniformados siguen teniendo diversos privilegios y un régimen propio en materia de pensiones (con el método de reparto), justicia y salud. Incluso tienen poder de veto sobre qué lugares pueden ser declarados lugares de memoria de la represión o de qué cuarteles retirar o no placas conmemorativas de los miembros de la “Junta Militar”.
Cabe recordar que, a pesar del traspaso del gobierno a civiles en 1990, el dictador siguió siendo comandante en jefe del Ejército hasta el 10 de marzo de 1998. Y a partir del día siguiente, gracias a la “constitución” de la dictadura de 1980, Pinochet asumió el cargo de senador vitalicio hasta el 4 de julio de 2002. Con la arrogancia que garantiza la impunidad, respecto a las violaciones de los derechos humanos siempre ha sostenido que “el Ejército de Chile no tiene por qué pedir perdón por participar en esta patriótica tarea”. Rozado por juicios en los que consiguió no sentarse nunca en el banquillo de los acusados, Pinochet murió en su cama el 10 de diciembre de 2006 y su funeral fue una demostración de fuerza del fascismo.
Recién en 2005, un año antes de su muerte y 15 años después del fin de la dictadura, una reforma constitucional terminó, entre otras cosas, con la inamovilidad de los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y Carabineros, eliminó los senadores designados y vitalicios, y el rol de las Fuerzas Armadas como únicas garantes de las instituciones.
Desde 1990 hasta hoy, muchos altos mandos militares (en activo y retirados) no han dejado de inmiscuirse en la vida política, más o menos abiertamente, o entre bastidores. Lo han hecho de manera constante y provocadora, desafiando descaradamente al gobierno con declaraciones y gestos absolutamente sediciosos, respaldados por la derecha política que tiene una de sus bases en la “familia militar”.
En los últimos años se han sucedido las visitas de generales en retiro a la “cárcel de lujo” de Punta Peuco, donde están “presos” algunos de los pocos militares de alto rango condenados por dramáticas violaciones a los derechos humanos. Y hace unas semanas, el mismo comandante en jefe del Ejercito fue a rendir homenaje a un ex general que se suicidó inmediatamente después de conocer su condena judicial por el asesinato del artista Víctor Jara.
Sin embargo, el fuerte poder militar se vio socavado por los numerosos escándalos de corrupción en los que han sido implicados muchos mandos y altos rangos (sobre todo del Ejército). La investigación, conocida como milico gate, ha minado la credibilidad de la institución militar que, en general, seguía considerándose una institución “respetable”. Los multimillonarios fondos (muchos de ellos reservados, con escaso control interno) procedían de la controvertida “Ley Reservada del Cobre”, que asignaba a las FF.AA. un jugoso 10% de los ingresos procedentes de la explotación del cobre por parte de la empresa estatal CODELCO. No es poca cosa, dado que Chile es el primer productor mundial de cobre, con el 27% de la producción mundial, y alberga las mayores minas del mundo.
El pasado presente
Las profundas huellas de los 17 años de dictadura cívico-militar siguen marcando la política de Chile, 33 años después de su fin.
En primer lugar, porque el modelo social y económico neoliberal, blindado por la “constitución” de la dictadura, está esencialmente intacto, “mejorado” con ligeros retoques por los gobiernos de centro-izquierda posteriores a la dictadura. Está intacto el “Dios Mercado” como brújula para guiar la economía, así como el “Estado subsidiario del mercado“, con concesiones al sector privado de todo lo posible, desde las pensiones a la sanidad, desde la educación a los ríos (caso único en el mundo). Chile sigue siendo uno de los países más desiguales del continente y la “Constitución” de la dictadura no sólo sigue vigente, sino que corre el riesgo de seguir siéndolo, dada la actual correlación de fuerzas.
En cuanto a las violaciones de derechos humanos por parte de la dictadura, el silencio de las instituciones en los últimos años ha sido ensordecedor, hecha la salvedad de una tímida actuación judicial. Según los datos oficiales del “Segundo Informe de la Comisión Valech” de agosto de 2011, hay 40.018 víctimas directas de la dictadura, de las cuales aproximadamente 3.200 fueron asesinadas o hechas desaparecer en el período 1973-1990. Faltan 1.469 víctimas de desaparición forzada, entre ellas 1.092 detenidos-desaparecidos y 377 asesinados, cuyos cuerpos no han sido entregados.
Una herida abierta, sangrante y dolorosa, que los distintos gobiernos han tratado de subsanar parcialmente con gestos de reparación. Sin embargo, desde el retorno a la “democracia” en 1990, la búsqueda de los restos de los desaparecidos por parte de sus familiares nunca ha terminado, mientras permanecen impunes casi todos los responsables de aquellos asesinatos, que Chile poco ha hecho por llevar ante la justicia. Algunos de ellos, condenados en Italia a “cadena perpetua” con sentencia de casación del año 2021 gracias a los juicios que trataron el “Plan Cóndor” (por los asesinatos de personas de origen italiano), pasean tranquilamente por las calles de Santiago y de otros países, a pesar de las peticiones de extradición.
Por su parte, como instituciones, ni las Fuerzas Armadas, ni Carabineros han admitido nunca su responsabilidad en la ruptura democrática y en la traición a la Constitución que supuso el golpe de Estado, en un momento de grave crisis política y económica, como fueron los meses previos al golpe. A pesar de las (escasas) declaraciones oficiales en sentido contrario, nunca ha existido una verdadera colaboración para conocer el destino de los desaparecidos.
Quienes han responsabilizado directamente a Pinochet de los horrores cometidos, como el ex comandante en jefe del Ejército y general retirado Ricardo Martínez, para los sectores de la Fuerzas Armadas “leales al espíritu del cuerpo” y a la dictadura, son simplemente traidores. “Creo firmemente, con mi formación y mis 46 años en el Ejército chileno, que la responsabilidad de todo lo ocurrido es del entonces comandante en jefe, general Augusto Pinochet”, dijo Martínez hace unos días.
Entre los muchos crímenes, el general señaló a Pinochet por el asesinato de su antecesor al frente del Ejército, el general constitucionalista Carlos Prats González y su esposa, ejecutados en 1974 en Buenos Aires, donde se habían refugiado. Y entre los asesinatos golpistas de figuras de jerarquía militar, está también el del propio general René Schneider, comandante en jefe del Ejército inmediatamente anterior a Prats, que fue asesinado en 1970 dos días antes de la asunción como Presidente de Salvador Allende. Con esta acción se comenzaba a preparar el golpe “limpiando el campo” de militares constitucionalistas.
Schneider no fue el unico alto mando militar asesinado por los golpistas. Pocas semanas antes del golpe, el 27 de julio de 1973, fue ejecutado también el edecán naval del Presidente Allende, el capitán de navío Arturo Araya Peeters. Araya representaba el único escollo para que el otro futuro miembro de la Junta Militar, José Toribio Merino, pudiera acceder al mando de la Armada de Chile y dar el golpe.
Con la mirada a ese pasado, la del general Martínez ha sido una declaración importante. Pero el silencio de los cuarteles es ensordecedor desde otras instituciones uniformadas, como la Fuerza Aérea, la Armada y Carabineros que, 33 años después del fin de la dictadura, guardan un olímpico silencio sobre sus responsabilidades, no cooperan en la búsqueda de los desaparecidos y se niegan indignados a condenar a Pinochet.
Entre las iniciativas positivas del gobierno del presidente Gabriel Boric Font en los últimos días se encuentra una importante señal para el país. Con motivo de la conmemoración de los 50 años del golpe, el gobierno lanzó un “Plan Nacional de Búsqueda” con el objetivo de “esclarecer las circunstancias de la desaparición y/o muerte de víctimas de desaparición forzada, de manera sistemática y permanente, de acuerdo con las obligaciones del Estado de Chile y las normas internacionales”[1]. El objetivo principal es, por tanto, esclarecer el destino de todos aquellos que fueron desaparecidos personeros de la dictadura civil -militar durante los 17 años que está duró.
Hace unos días, en ocasión del desfile militar, el comandante en jefe del Ejército, general Javier Iturriaga, dijo que “nuestra generación debe responsabilizarse del pasado, como lo ha hecho, y colaborar con la justicia en todo lo que se nos exija”. Palabras que pesan como piedras, y que seràn puestas a prueba con el tiempo. Palabras que se suman a las del Obispo de Santiago, Carlos Godoy, quien recordó “la herida abierta que tenemos como país y el hecho de que todavía hay familias que no han podido reencontrarse, ni despedirse…. es responsabilidad de todos y todas el proteger y respetar la dignidad de la persona humana [2].
Se hace camino al andar… y el de la memoria es un camino aún largo y cuesta arriba.
[1] https://www.derechoshumanos.gob.cl/plan-nacional-de-busqueda/
[2] https://www.iglesiadesantiago.cl/arzobispado/site/artic/20230908/pags/20230908100651.htm
