Por Marco Consolo
(Santiago de Chile, 18 de abril de 2026) –
Estas notas tienen como objetivo ofrecer una visión general del subcontinente y de sus relaciones actuales con Estados Unidos, con algunas reflexiones sobre las políticas que tienen un impacto continental. Por lo tanto, no abordan en profundidad las dinámicas de todos los países.
En un mundo atravesado por guerras y tensiones geopolíticas y caracterizado por la incertidumbre sobre el futuro, la transición planetaria tiene formas y plazos inciertos. Por el contrario, la cruda y cierta realidad es que hemos vuelto a una era caracterizada por políticas en las que la fuerza militar redefine las relaciones entre los Estados y los equilibrios internacionales. Una dimensión en la que los aspectos bélicos y políticos se superponen como instrumentos de control y la fuerza militar se ha convertido en el pan de cada día de la política mundial.
La disputa por América Latina
En términos generales, América Latina sigue siendo un continente en disputa entre la voluntad de dominio hegemónico de Estados Unidos y los intentos de lograr una autonomía respecto a Washington.
La opción militar es hoy un instrumento explícito para el dominio de la región. Si hasta hace unos años era un instrumento complementario o un recurso potencial que se utilizaba en caso de «emergencia», hoy se ha convertido en la norma. En este contexto, América Latina se muestra vulnerable, debido a la falta de mecanismos de disuasión eficaces y de estructuras sólidas de integración regional. Una vulnerabilidad estratégica que debe hacer frente al belicismo de Washington.
En términos políticos, la región ha pasado de la voluntad constituyente de los primeros años de la década de 2000 (con nuevas constituciones elaboradas por Asambleas Constituyentes) a dinámicas destituyentes, con un retroceso hacia las recetas neoliberales más extremas. La fase política se caracteriza por la inestabilidad, la crisis de la representación y el distanciamiento de la «política tradicional», así como por la fragmentación de las organizaciones políticas. Una fragmentación que se traduce electoralmente en una fuerte dispersión de los votos, dejando a los ganadores sin mayorías parlamentarias y contribuyendo en muchos casos a la inestabilidad.
En un contexto de polarización, el impacto de la delincuencia organizada y el narcotráfico, los temas de «seguridad» (exagerados ad hoc), la falta de políticas migratorias eficaces e inclusivas y la corrupción son factores que generan un profundo descontento social. A eso se suma el cansancio de los ciudadanos, que no ven cambios significativos, que perjudica a los partidos en el poder (independientemente de su tendencia) y favorece el ascenso de «outsiders espurios» y figuras de la extrema derecha. El resultado son las victorias electorales de la derecha en muchos países (Honduras, El Salvador, Costa Rica, Panamá, Paraguay, Ecuador, Argentina, Bolivia, Chile, Perú), con las derechas tradicionales subsumidas por nuevas corrientes de la derecha radical (Nayib Bukele en El Salvador, Javier Milei en Argentina, José Antonio Kast en Chile).
A la izquierda se sitúan los gobiernos «progresistas» de México, Brasil y Colombia, junto con la heroica resistencia de Cuba. Los tres primeros países suman un total de unos 400 millones de personas, de una población continental total de casi 700 millones. Pero aunque las principales economías latinoamericanas estén gobernadas por gobiernos progresistas (salvo Argentina), en un contexto caracterizado por las guerras y los bajos niveles de crecimiento, la derecha radical ha ganado fuerza tanto en el gobierno como en la oposición. A ello ha contribuido de manera decisiva el apoyo de Casa Blanca.
Militarización y el «Escudo de las Américas»
El 7 de marzo de 2026, Donald Trump, acompañado por los presidentes latinoamericanos de derecha y de extrema derecha, anunció la creación del «Escudo de las Américas», una coalición militar que nace oficialmente «para combatir el narcoterrorismo, la inmigración clandestina y la presencia de actores hostiles (léase China y Rusia, Nda) en la región» [i].
En un contexto de relaciones asimétricas, se trata de un «consenso condicionado» al poder de la Casa Blanca, que combina alineamiento político, coacción y profundización de la dependencia.
El intento no es nuevo, pero el «Escudo» prevé una mayor presencia de personal militar estadounidense, en particular en el Cono Sur. Con la excusa de combatir el narcotráfico (rebautizado ad hoc como «narco-terrorismo»), este «paraguas» da pie a operaciones conjuntas entre el ejército estadounidense y las fuerzas de seguridad nacionales de los países que cuentan con el apoyo de Estados Unidos.
Operación «Exterminio total»
La administración Trump ha desencadenado una escalada militar en América Latina inicialmente con ataques contra presuntos cárteles de la droga. Se trata de una campaña dirigida en particular contra Ecuador, México, y Colombia, con acciones secretas, bombardeos terrestres y ataques contra embarcaciones civiles.
La última de estas operaciones tuvo lugar recientemente en Ecuador, en la frontera con Colombia, bajo el nombre de «Operación Exterminio total», en perfecta «coincidencia» con las elecciones políticas colombianas. El bombardeo provocó la destrucción de una empresa de producción de leche (confundida con una base de narcotraficantes) y un número indeterminado de muertos.
Como reiteró en una reciente comparecencia ante la Comisión de Fuerzas Armadas de la Cámara de Representantes, Joseph Humire, subsecretario de Guerra con competencia en las Américas, «la operación conjunta Exterminio Total es el inicio de una ofensiva militar de Ecuador contra las organizaciones criminales transnacionales, con el apoyo de Estados Unidos» [ii].
Operación marítima «Lanza del Sur»
Desde agosto de 2025, con el bloqueo naval estadounidense contra Venezuela en el Caribe, el mundo ha sido testigo de la operación marítima «Lanza del Sur». En desprecio al derecho del mar, a las normas internacionales y a la vida humana, hasta la fecha la marina militar estadounidense ha destruido unas 50 embarcaciones en una cadena de ejecuciones extrajudiciales (más de 180 personas según la AFP), condenadas a muerte sin juicio. Washington sostiene que todas las víctimas formaban parte de uno de los grupos criminales que ha tildado de «narco-terroristas», pero se ha negado a identificarlos y no ha presentado pruebas que demuestren que las embarcaciones transportaran droga hacia Estados Unidos.
Según Ben Saul, relator especial de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos y la lucha contra el terrorismo, estos ataques son «ejecuciones extrajudiciales en serie» que violan gravemente el derecho a la vida. Los ataques militares forman parte, por tanto, de una estrategia más amplia para recuperar influencia política en el continente.
El laboratorio de Ecuador
Cabe recordar que, en noviembre de 2025, el Gobierno ecuatoriano de Daniel Noboa sufrió una amplia derrota en el referéndum que pretendía reabrir las bases estadounidenses en el país. Haciendo caso omiso de la derrota, el Gobierno firmó un acuerdo con Washington sobre «seguridad». Un acuerdo muy cuestionable, dados los vínculos de Noboa con el crimen organizado, entre ellos la ‘Ndrangheta de Italia, vínculos que salen a la luz en varios juicios. Tras haber contratado a los mercenarios de Erick Prince (fundador de la infame estructura paramilitar Blackwater, hoy rebautizada como Academi), Noboa fue uno de los entusiastas firmantes del acuerdo militar con Estados Unidos. Hoy en día, personal militar estadounidense participa activamente en operaciones «antidroga». Como era de esperar, el resultado de la operación conjunta antes mencionada entre Washington y Quito se ha traducido en fuertes tensiones diplomáticas con Colombia.
La elección de Ecuador para el lanzamiento de la operación «Exterminio Total» no es casual. En agosto de 2025, el teniente coronel Phillip Vaughn, comandante de una task force aérea, ya había coordinado maniobras para aumentar la «interoperabilidad» entre las fuerzas estadounidenses y ecuatorianas, con «escenarios de planificación operativa», «apoyo aéreo cercano» y ataques conjuntos [iii]. Y el pasado 2 de marzo, poco antes de los recientes ataques en la frontera con Colombia, el general Francis Donovan, al frente del Comando Sur de Estados Unidos, había volado a Quito para reunirse con Noboa y los altos mandos militares [iv]; mientras que el FBI ha establecido una «presencia permanente» en el país, junto a agentes de la DEA y del Departamento de Seguridad Nacional.
Se trata de un cambio radical con respecto al pasado. Como se recordará, en 2009 el Gobierno de Rafael Correa cerró la importante base militar estadounidense de Manta, poniendo fin a un acuerdo que se había prolongado durante una década. Una decisión tomada en virtud de la nueva Constitución de 2008, que prohibía las bases extranjeras y decretaba el fin del papel de Estados Unidos en la «lucha contra el narcotráfico» en el país.
En el ámbito político, para «no molestar al actual piloto» tras la victoria electoral de Noboa gracias al fraude, el Tribunal Contencioso Electoral (controlado por Noboa) ha suspendido durante nueve meses (por ahora) la personalidad jurídica del principal partido de la oposición, Revolución Ciudadana (RC), vinculado a Correa. La suspensión impedirá a RC presentarse a las próximas elecciones municipales. Paralelamente, continúa la persecución judicial contra sus dirigentes, como el exvicepresidente Jorge Glas (que sigue en prisión bajo acusaciones infundadas) y Andrés Arauz (ex candidato presidencial), entre otros.
Amenazas a la paz regional
El aumento de la militarización suscita, por tanto, una gran alarma, sobre todo tras el criminal bombardeo que cobró decenas de víctimas y el secuestro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y de la diputada Cilia Flores, el pasado 3 de enero. La agresión militar contra Venezuela ha marcado un punto de inflexión en las relaciones con las naciones sudamericanas. Desde los tiempos de la Doctrina Monroe (1823) siempre ha habido injerencias más o menos descaradas, pero nunca se había llegado a bombardear directamente una capital sudamericana. La agresión militar contra Venezuela, junto con las amenazas abiertas contra Cuba y Colombia, es también una advertencia para cualquier gobierno que desafíe el objetivo hegemónico de Estados Unidos.
Paralelamente al «Escudo», Estados Unidos está firmando acuerdos bilaterales de seguridad con varios países. La tensión entre Ecuador y Colombia ya forma parte de este contexto. Además de la histórica presencia militar estadounidense en Colombia (con siete bases), en Honduras y la renovada en Panamá, Paraguay acaba de firmar un acuerdo que permite la presencia y la instalación de bases militares en su territorio [v]. Según el texto del acuerdo, «al personal de Estados Unidos se le concederán privilegios, exenciones e inmunidades equivalentes a los concedidos al personal administrativo y técnico de las misiones diplomáticas en virtud de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas». Los militares estadounidenses podrán actuar libremente y con impunidad, y si alguno de ellos comete un delito en el país, será castigado en Estados Unidos [vi]. En Italia, muchos recuerdan la masacre de Cermis, del 3 de febrero de 1998, cuando un avión militar estadounidense, que había despegado de la base de Aviano, cortó el cable de un teleférico, causando 20 víctimas. El suceso provocó una fuerte indignación y un incidente diplomático entre Italia y EE. UU., ya que los pilotos estadounidenses fueron absueltos en su país por homicidio involuntario.
No hay duda de que la presencia militar estadounidense aumenta la posibilidad de conflictos y tensiones. También aumenta los riesgos para las democracias latinoamericanas, dadas las amenazas de injerencia directa en los próximos procesos electorales de Colombia y Brasil. En el primer caso, el candidato de la izquierda, Iván Cepeda, tiene buenas posibilidades de victoria el próximo 31 de mayo. Y en Brasil, el presidente Lula se enfrenta a una campaña electoral cuesta arriba para su reelección en octubre.
Como prueba de los riesgos para la democracia, en diciembre de 2025 se celebraron en Honduras unas elecciones descaradamente amañadas que llevaron al gobierno a Nasry Asfura (del Partido Nacional), un aliado de Trump. Y también aquí, tras el fraude electoral, se ha desatado la represión contra algunas figuras de la izquierda que se habían opuesto al golpe electoral, como Marlon Ochoa, consejero del partido Libre en el Consejo Nacional Electoral, y otros. Y es un secreto a voces la voluntad de la clase dirigente hondureña de proscribir a Libre, partido de gobierno hasta las últimas elecciones.
¿La «Doctrina Donroe»: una guerra sin fin?
El ataque de Estados Unidos al hemisferio occidental se inscribe en lo que la Casa Blanca ha rebautizado como «Doctrina Donroe», una actualización de la Doctrina Monroe de 1823, que en el pasado pretendía impedir la injerencia europea en América. Por el contrario, la versión de Trump invierte el principio: Estados Unidos se autootorga el poder de intervenir militarmente en la región.
Su “Estrategia de Seguridad Nacional”, publicada a finales de 2025, define el «corolario de Trump» como un «potente restablecimiento del poder y las prioridades estadounidenses», basado en la «reorientación de nuestra presencia militar global para hacer frente a las amenazas urgentes en nuestro hemisferio» [vii]. El propio Subsecretario de Guerra, Humire, definió el «perímetro de seguridad inmediato» como la franja «desde Alaska hasta Groenlandia en el Ártico, el Golfo de las Américas (en realidad, el Golfo de México, nota del autor) y el Canal de Panamá y los países circundantes» [viii]. En línea con esta visión, Trump ha amenazado con lanzar ataques militares contra Cuba y México, mientras que este último está inmerso en una negociación para la renovación del acuerdo comercial T-MEC (el antiguo TLCAN) con EE. UU. y Canadá.
La escalada de Trump también se cierne sobre Colombia, con amenazas de una acción militar. En Bogotá han sonado las alarmas ante las revelaciones sobre posibles acusaciones de narcotráfico contra el presidente Gustavo Petro (o su sucesor en caso de victoria de la izquierda), el mismo pretexto utilizado para justificar el secuestro del presidente venezolano Nicolás Maduro. Cuando en enero se le preguntó sobre la posibilidad de atacar a Colombia, Trump respondió con una advertencia: «Por mí, está bien».
La guerra comercial entre Ecuador y Colombia
A las amenazas militares se ha sumado la guerra comercial entre Ecuador y Colombia, iniciada por Quito, que alega que Colombia no respeta sus compromisos en materia de seguridad a lo largo de la frontera común, azotada por la delincuencia organizada y el narcotráfico. En febrero, el Gobierno de Noboa, bajo el dictado de la Casa Blanca, decidió duplicar el «impuesto de seguridad» aplicado a los productos colombianos. En respuesta, el Gobierno colombiano anunció un aumento de los aranceles sobre las importaciones procedentes de Ecuador, elevando el tipo impositivo del 30 % al 100 %.
Mientras Quito utiliza el conflicto para desviar la atención de su propia crisis de seguridad interna y del narcotráfico, la guerra comercial tiene repercusiones directas y graves consecuencias para Ecuador, que depende estratégicamente de Colombia en materia de hidrocarburos, energía eléctrica y productos manufacturados. Se trata de una ruptura que aleja la integración regional, mientras Colombia busca nuevos socios comerciales.
La tensión comercial coincide además con una ruptura de las relaciones diplomáticas. El presidente Gustavo Petro calificó recientemente al exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas de «preso político», una declaración que no fue del agrado de Noboa.
El asedio a Cuba
Desde la victoria de la revolución en 1959, Cuba vive bajo el asedio permanente del Gobierno de Estados Unidos, que ha intensificado sus amenazas en los últimos meses. Mientras la guerra de agresión contra Irán acapara la atención mundial, Washington ha impuesto un bloqueo petrolero a la isla que las Naciones Unidas han calificado de «grave violación del derecho internacional», provocando una crisis humanitaria. Un castigo colectivo, un acto ilegal e inhumano, en desprecio del derecho internacional, condenado desde hace años por la inmensa mayoría de los países en el seno de la ONU.
El pasado 29 de enero se decretó un nuevo estrangulamiento mediante el Orden Ejecutivo de la Casa Blanca, que declara a Cuba una «amenaza inusual y extraordinaria» para la seguridad nacional de Estados Unidos. Mientras Trump ha afirmado que impondrá aranceles y sanciones a cualquiera que suministre petróleo a la isla, el pueblo cubano sigue enfrentándose a la dura realidad con una resistencia ejemplar.
Al criminal bloqueo energético, que agrava la política genocida de los últimos sesenta y cuatro años, se suman las declaraciones del Gobierno estadounidense sobre una posible agresión militar para lograr un «cambio de régimen». Ante la amenaza militar de la Casa Blanca, el Presidente cubano Díaz-Canel, recordando Playa Girón, respondió con una advertencia: «Estados Unidos se enfrentará a una resistencia inexpugnable».
En este contexto, la solidaridad de países como Colombia, Venezuela, Brasil y México ha sido fundamental, pero la amenaza de sanciones podría frenar estas iniciativas. La presidenta de México, Cláudia Sheinbaum, ha enviado varios barcos con material médico, medicamentos y alimentos, pero ha declarado que no puede seguir enviando petróleo porque México no podría soportar un aumento de los aranceles por parte de Estados Unidos.
En cuanto a Brasil, el Gobierno de Lula ha enviado tanto alimentos como medicamentos. Pero, según el teólogo Frei Betto, «en lo que respecta al petróleo, tenemos las manos atadas, porque Fernando Henrique Cardoso (expresidente) privatizó una parte de Petrobras que ahora está bajo la administración de la Bolsa de Nueva York» [ix].
¿«Divide y vencerás» o integración regional?
A diferencia del pasado, hoy en día ninguno de los presidentes que gobiernan en la región es lo suficientemente fuerte, ni tiene la voluntad política necesaria, para liderar un proceso de integración regional que permita salir del atolladero de la dependencia y del «desarrollo del subdesarrollo». Como se recordará, en el pasado reciente (la llamada década dorada) hubo varios intentos de concretar políticas de integración continental, independientemente del tipo de gobierno en el poder. Como arquitectura institucional, se crearon la CELAC, la UNASUR y el ALBA, organismos percibidos con profunda molestia por Washington, que, desde el principio, trabajó para hundirlos.
Hoy, la Casa Blanca anuncia negociaciones comerciales bilaterales con los países de la región, con una lógica que fragmenta y alinea ideológicamente, frustrando cualquier intento de integración regional autónoma. Al mismo tiempo, Washington propone un acuerdo comercial en el sector de los minerales estratégicos para contrarrestar a China. El primero de estos acuerdos bilaterales fue firmado hace unos días por el Gobierno chileno del nostálgico pinochetista José Antonio Kast, en paralelo a otro sobre «seguridad».
También en Bolivia, tras la victoria de Rodrigo Paz, el Gobierno boliviano está negociando acuerdos con Estados Unidos, que intenta hacerse con el control de la industria nacional del litio, fundamental para la transición energética.
Pero, además de la fuerte injerencia estadounidense, la falta de voluntad y de capacidad política fragmenta la cooperación y dificulta la resolución de los problemas comunes. Este complejo panorama alimenta la inestabilidad política en el continente con la mayor desigualdad de ingresos del mundo.
En conclusión
El desafío histórico para los países de la región es liberarse de las nuevas ataduras coloniales que les impiden actuar de forma conjunta, a pesar de las diferencias políticas. Mientras que Brasil, México y Colombia realizan gestos aislados que no se traducen en una política común, el resto de los países oscila entre la sumisión y la retórica nacionalista sin repercusiones prácticas.
Existe una necesidad urgente de un giro descolonial en todos los ámbitos. Un golpe de timón es la única posibilidad que tiene esta región (saqueada primero por las potencias coloniales europeas y luego por la estadounidense) para que sus recursos y su destino permanezcan en manos de sus pueblos. Se necesita voluntad política, pero también el valor de ir a contracorriente para reconstruir los mecanismos de integración que en el pasado reciente permitieron una mayor coordinación e imaginar un destino común.
[i] https://marcoconsolo.altervista.org/scudo-delle-americhe-la-retroguardia-servile-nella-regione/
[ii] https://www.eluniverso.com/noticias/internacional/operacion-exterminio-total-la-estrategia-inicial-de-estados-unidos-para-acabar-con-carteles-de-latinoamerica-nota/
[iii] https://misionverdad.com/traducciones/pentagono-revela-que-sus-ataques-en-america-latina-son-solo-el-principio
[iv] https://www.southcom.mil/News/PressReleases/Article/4419140/gen-donovan-visits-ecuador/
[v] https://www.brasil247.com/blog/acordo-do-paraguai-com-os-eua-permite-matar-e-destruir-e-o-que-nos-ronda
[vi] Ibidem
[vii] https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2025/12/2025-National-Security-Strategy.pdf
[viii] https://www.southcom.mil/MEDIA/NEWS-ARTICLES/Article/4437091/war-department-senior-leaders-prioritize-western-hemispheric-security/
[ix] https://www.brasildefato.com.br/podcast/brasil-de-fato-entrevista/2026/04/02/frei-betto-minha-previsao-e-de-que-nao-havera-ataque-belico-dos-eua-a-cuba/
