por Marco Consolo –
En la primera parte de este artículo he contado las relaciones peligrosas entre Israel y las dictaduras civiles-militares de América Latina en los años 70 y posteriores. Desde entonces, ha pasado mucha agua bajo los puentes, pero lejos de desaparecer, la presencia israelí se ha diversificado y ha ampliado su arsenal.
Esta segunda parte profundiza en algunos aspectos generales de los «nuevos» golpes de Estado digitales y de la manipulación de las conciencias, utilizados para la reconfiguración política del continente.
El próximo artículo estará dedicado a los casos específicos de algunos países.
La estrategia militar y el control de los algoritmos
Desde hace tiempo está en marcha una operación internacional de control y redefinición geopolítica impulsada por Estados Unidos e Israel en varios países de América Latina y el Caribe. Se trata de una estrategia política, económica, militar y digital de carácter sistemático, que sigue desarrollándose y se intensifica progresivamente en la región.
En la nueva arquitectura geopolítica que se está configurando en el continente, la noción de «seguridad» se ha convertido en una herramienta estratégica para Estados Unidos e Israel. Bajo ese paraguas se articulan políticas destinadas a asegurar el control de recursos clave: energía, biodiversidad, agua, minerales críticos, corredores logísticos y las cadenas de suministro que sostienen la economía global.
Este enfoque ha acelerado un fenómeno que antes avanzaba de manera más discreta: la externalización de funciones tradicionalmente estatales hacia empresas privadas de vigilancia, seguridad e inteligencia. La llamada «modernización tecnológica» opera como legitimación de este proceso, consolidando un modelo donde el dominio geopolítico se ejerce a través de plataformas digitales, sistemas de monitoreo y dispositivos de control social masivo.
En este escenario, la guerra, el espionaje y el control de poblaciones dejan de ser monopolios estatales para convertirse en mercancías. Se ofrecen al mercado como servicios especializados, empaquetados y comercializados por corporaciones que operan en la frontera difusa entre lo público y lo privado. El resultado es un ecosistema donde la seguridad ya no es solo una política, sino un negocio que redefine las relaciones de poder en América Latina.
Desde hace tiempo, la presencia israelí ya no se limita a la venta de armas. En los últimos años se ha ampliado al uso del Big Data para manipulaciones electorales o golpes de Estado digitales, al desarrollo y la comercialización de software espía, sistemas y operaciones de inteligencia, herramientas de vigilancia digital masiva y plataformas de análisis algorítmico utilizadas tanto por gobiernos como por actores privados.
Las grabaciones de audio divulgadas por la plataforma Hondurasgate.ch [i] y publicadas por Canal Red Latin America han puesto de manifiesto el papel cada vez más importante de las empresas israelíes especializadas en inteligencia privada, seguridad cibernética y vigilancia tecnológica. En el mapa cambiante de las disputas de poder en América Latina y el Caribe, ha emergido como un componente relativamente reciente dentro de la ofensiva imperialista contra los gobiernos progresistas y de izquierda. Se trata de una estrategia que ya no se limita al terreno militar y que, en los últimos años, ha adquirido una intensidad inédita. Su marco conceptual se inscribe en la llamada «Guerra de Cuarta Generación» (G4G) [ii], un modelo híbrido que combina presiones económicas, operaciones financieras y el uso cada vez más extendido del lawfare —la instrumentalización política del sistema judicial— para desestabilizar a actores incómodos.
Esta modalidad de guerra se infiltra directamente en los procesos políticos y electorales de la región mediante mecanismos de «golpes blandos». La manipulación masiva de datos, el uso sin restricciones del Big Data y la intervención coordinada en medios de comunicación y espacios culturales permiten moldear percepciones, fabricar consensos y erosionar legitimidades. En este ecosistema, la disputa por el poder ya no se libra únicamente en los cuarteles o en los parlamentos, sino en las plataformas digitales, en los tribunales y en la arquitectura simbólica que define la opinión pública.
En esta guerra, Israel está en la primera fila de las agencias de inteligencia estatales y privados al servicio de Estados Unidos, llevando a cabo operaciones de manipulación digital, campañas coordinadas de desinformación, espionaje cibernético y alteración de los resultados electorales.
Los golpes de Estado digitales
El frente de la guerra digital es particularmente decisivo, tanto en lo que respecta a la manipulación de las conciencias como a la falsificación de datos electorales, y pone de manifiesto el nuevo paradigma de la guerra híbrida de interferencia política.
Pero vayamos por partes.
En el primer caso, una de las herramientas principales de la G4G es la disociación cognitiva para anular la noción de identidad que sustenta la soberanía nacional y popular. Ya en 2015, en Argentina, hubo el precedente de Steve Bannon y su Cambridge Analytica, contratados por la derecha local para la victoriosa campaña electoral de Mauricio Macri.
Como escribe Jorge Elbaum: «Hoy en día, tres herramientas concentran el poder de interferencia electoral: los deepfakes, la microsegmentación y los sesgos algorítmicos estandarizados. Los primeros permiten crear imágenes, videos o audios verosímiles, aunque generados artificialmente. La microsegmentación identifica las predisposiciones, los temores y las debilidades de grupos específicos de votantes para dirigirles mensajes a la medida: por ejemplo, convencer a los dueños de mascotas de que los progresistas pretenden imponer impuestos a los perros y gatos. Los sesgos algorítmicos, a su vez, permiten a las grandes multinacionales orientar las recomendaciones y los contenidos según sus propios intereses económicos y neocoloniales» [iii].
La contraofensiva imperial
Existe una secuencia clara de los últimos pasos de la estrategia imperial para anular total o parcialmente la soberanía ajena y someter a enemigos, competidores, opositores, pero también a aliados, convertidos en objetivos para su sometimiento y tutela.
En marzo se había lanzado el «Escudo de las Américas» [iv], impulsado con firmeza por el halcón Marco Rubio, secretario de Estado y procónsul de Trump para la región.
Del 7 al 10 de julio se llevó a cabo en Cusco (Perú) la XVII reunión de ministros de Defensa de todo el hemisferio occidental, convocada, como siempre, por el Departamento de Estado y el Comando Sur de los Estados Unidos, y no por los gobiernos latinoamericanos. La Declaración de Cusco recoge los principales acuerdos sobre «la lucha contra las drogas, la migración y la criminalidad» [v].
Como dijo el subsecretario de Estado, Albridge Colby, desde la primera reunión en 1995 han cambiado muchas cosas. «Hemos llegado a asumir el papel de garantes de la Doctrina Monroe… que consiste en proteger nuestra seguridad y nuestros intereses fortaleciendo y empoderando a las naciones latinoamericanas».
Como sostiene el analista peruano Ricardo Soberón: «Hoy nos enfrentamos a la “Guerra contra las drogas 2.0”, que no hace más que repetir los errores de la anterior (más garrote y menos zanahoria, fumigación con glifosato, interdicción y extradición)» [vi]. Una guerra equivocada que no ha dado ningún resultado.
Soberón continúa: «La cumbre estuvo marcada por la línea dictada por Marco Rubio, a partir de su nueva Doctrina de Seguridad Nacional (2025) y de la Doctrina de Defensa Nacional (2026). Colby defendió un realismo flexible que da prioridad a los intereses nacionales de Estados Unidos. En este caso, la lucha contra la “criminalidad organizada transnacional” se llevará a cabo en América Latina, y no en territorio estadounidense. No es casualidad que, según Marco Rubio y el propio Donald Trump, el concepto de delincuencia organizada transnacional se asocie directamente con los gobiernos progresistas o de izquierda, que no están alineados con la política imperialista de Estados Unidos. En los últimos meses han proliferado los ataques contra Nicolás Maduro, Evo Morales, Rafael Correa, Gustavo Petro e incluso la presidenta de México, Claudia Schembaun” [vii].
Hoy, siguiendo la línea de los ataques desenfrenados de la Casablanca contra cualquier organización progresista en EE. UU. (antifa, organizaciones de migrantes, iglesias progresistas, feministas, etc.), reaparece en el sur del continente el concepto vago y resbaladizo de «narco-terrorismo». Una definición que agrupa a sujetos sociales muy diversos, incluidos aquellos que llevan a cabo protestas legítimas (sindicatos, movimientos ambientalistas, organizaciones de cultivadores de coca, pueblos originarios, etc.).
Como se recordará, en la década de los 70, fue precisamente en la infame Escuela de las Américas de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos donde se acuñó e inculcó la Doctrina de Seguridad Nacional a los militares latinoamericanos. Una doctrina que creó el fantasma y la figura del «enemigo interno», que en aquel entonces se atribuía a «comunistas y revolucionarios» y ahora, a la «criminalidad organizada transnacional».
El 10 de julio se llevó a cabo una reunión en Miami (con más de 60 gobiernos). Un llamado a las armas de los aliados, como representación tangible del dominio imperial.
El objetivo es precisamente crear «enemigos internos» que justifiquen intervenciones contra los gobiernos progresistas y consolidar una arquitectura de dominio permanente sobre América Latina, estableciendo una asociación automática entre los gobiernos de izquierda y la delincuencia. Un corolario de la «Doctrina Donroe» enunciada por Donald Trump a finales de 2025.
Por último, el 11 de agosto en Panamá se anunció la creación de una «fuerza operativa contra la criminalidad organizada» bajo el paraguas del «Escudo de las Américas», con la participación de 18 países que forman parte de ella [viii].
El «brazo operativo del Comando Sur» estará dirigido por el general de división de la Infantería de Marina de los Estados Unidos, Kevin Jarard. Oficialmente, se encargará del intercambio de información de inteligencia, de fortalecer el entrenamiento conjunto y la interoperabilidad de las fuerzas militares participantes y, al mismo tiempo, de apoyar las operaciones de interceptación marítima.
Como primera medida, el secretario de Guerra de EE. UU., Pete Hegseth, anunció operaciones militares conjuntas con las Fuerzas Armadas de Colombia contra «los narcos», las cuales el nuevo presidente colombiano había autorizado en contravención de la Constitución colombiana (art. 173), que otorga al Senado la autoridad exclusiva para ello.
Pero sería un error pensar que Estados Unidos actúa por su cuenta. Por el contrario, Israel desempeña un papel clave en esta contraofensiva.
La «coalición Epstein», el «Hondurasgate» y la injerencia anunciada
Demos un paso atrás. Vale la pena recordar que el 29 de diciembre de 2025, el presidente Trump se reunió con el primer ministro israelí Netanyahu en Palm Beach, Florida. Bajo el arbol de navidad, la cumbre de la «coalición Epstein» fue la quinta del año pasado en Estados Unidos.
Pocos meses después, gracias a las escuchas de conversaciones entre figuras de la derecha hondureña, estalló el llamado «Hondurasgate», uno de los mayores escándalos documentados de injerencia política estadounidense e israelí en América Latina del siglo XXI.
El primer objetivo fue “el eslabón débil” de Honduras, primero mediante la manipulación de importantes sectores del electorado y luego directamente con la falsificación de los resultados electorales. Todo ello para allanar el camino hacia la victoria de la derecha al servicio de los intereses estadounidenses e israelíes.
Como se recordará, unos días antes de las elecciones en Honduras, Donald Trump indultó al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández de su condena de 45 años de prisión por narcotráfico, por haber introducido 450 toneladas de cocaína en Estados Unidos. En las grabaciones, Hernández reveló las presiones a su favor por parte del lobby sionista de Estados Unidos, así como la intervención del mismo Netanyahu para lograr su liberación, a cambio de su papel como agente al servicio de Estados Unidos e Israel. Como parte del acuerdo para obtener el indulto, además de la construcción de nuevas bases militares estadounidenses en la región, también se da luz verde a la llegada de empresas especializadas en inteligencia artificial y «tecnologías de vigilancia» vinculadas a los servicios secretos israelíes.
En una de estas conversaciones, Hernández solicita fondos para crear una «unidad de periodismo digital» con sede en Estados Unidos, dedicada a difundir noticias falsas contra los gobiernos de izquierda en América Latina (en particular, Colombia, México y Brasil) y contra los expresidentes hondureños Manuel Zelaya y Xiomara Castro. Hernández también afirma que el presidente argentino Javier Milei ya habría aportado 350 000 dólares. Esa estructura «periodística» dedicada a la guerra cognitiva, amplificada por la infraestructura de la IA, las «redes sociales» y la propaganda mediática tradicional, pasó rápidamente de las palabras a los hechos para lograr la «victoria» de las derechas más reaccionarias, gracias a la manipulación de las conciencias y al fraude electoral.
En menos de tres meses, Honduras, Colombia y México han enfrentado campañas de ataques en los medios tradicionales, operaciones de desinformación, ataques de hackers en las «redes sociales» y ataques cibernéticos que también han tenido como objetivo los sistemas de recuento y transmisión de datos electorales.
Las acciones descritas en los audios coinciden con las denuncias públicas realizadas por el presidente colombiano Gustavo Petro, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum y el expresidente hondureño Manuel Zelaya. Los tres han denunciado diversos episodios de interferencia, campañas de desinformación y ataques a la infraestructura digital y política de sus respectivos países.
En el caso de Honduras, primero se produjeron descarados fraudes electorales (incluso digitales) en las últimas elecciones presidenciales de noviembre de 2025 [ix].
Posteriormente, el 17 de julio, un episodio inusual encendió las alarmas en Tegucigalpa. Ese día, el expresidente Manuel Zelaya denunció públicamente —a través de su cuenta de X— que el teléfono móvil de la presidenta Xiomara Castro había sido vulnerado. Según su relato, el ataque permitió el acceso no autorizado a sus redes sociales y derivó en la eliminación total de las publicaciones anteriores, seguidas por la difusión de tres mensajes que, poco después, también fueron borrados.
La secuencia de publicaciones revela un patrón claro de manipulación. El primer mensaje consistió en un video del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, acompañado de la frase: «Netanyahu es un chico adorable». El segundo insinuaba una supuesta traición de Castro hacia Zelaya durante el golpe de Estado de 2009, reactivando una narrativa que sectores opositores han intentado mantener viva durante años. El tercero fue aún más agresivo: buscó vincular a la familia Zelaya con el narcotráfico mediante la difusión de un video de 2017, adulterado con un audio manipulado para reforzar la acusación.
La operación encaja con las tácticas documentadas en el llamado «Hondurasgate», un esquema de guerra informativa que incluye la circulación de supuestos “archivos” destinados a erosionar la credibilidad política de la familia Zelaya. El objetivo es claro: deteriorar su imagen pública, sembrar dudas sobre su integridad y debilitar su capacidad de influencia en el escenario político hondureño.
Continúa……..
[ii] Ya en 1989, el ultraconservador William S. Lind (y algunos sectores del Pentágono) comenzaron a dar forma a la doctrina G4G, que se perfeccionó en los años siguientes.
[iii] https://www.pagina12.com.ar/2026/07/04/operaciones-regionales-de-injerencia-electoral/
[iv] https://marcoconsolo.altervista.org/note-sullamerica-latina/
[v]https://www.gob.pe/institucion/mindef/noticias/1417452-ministros-de-defensa-y-representantes-de-33-paises-suscriben-declaracion-de-cusco-para-fortalecer-la-cooperacion-hemisferica
[vi] https://nuevordeninternacional.com/reunion-de-ministros-de-defensa-en-el-cusco-nos-necesitan-a-nosotros-o-nuestros-recursos/
[vii] Ibidem
[viii] https://www.latercera.com/mundo/noticia/con-chile-entre-sus-miembros-eeuu-crea-fuerza-operativa-con-18-paises-de-america-para-combatir-el-crimen-organizado/
[ix] https://marcoconsolo.altervista.org/honduras-un-golpe-sotto-lalbero-di-natale
